La Batalla de Valencia

por Administrador

A diferencia de Catalunya, durante la transición democrática el País Valenciano no contó con unas fuerzas políticas mayoritarias decididas a poner fin a la postergación secular de la lengua y la cultura valencianas y las fuerzas de ámbito estatal, tanto el PSOE como UCD y AP, se dedicaron a torpedear cualquier vinculación política o cultural entre Valencia y Catalunya desde la confección misma de la Constitución. Si esta recogía en su disposición transitoria cuarta la posibilidad de que Navarra se integrara al País Vasco, también dejó claro en su articulado que “en ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas” (art. 146.1). Federarse que no es lo mismo que anexionarse.

A pesar de que la Constitución establece que las demás lenguas españolas –las distintas al castellano- serán objeto de especial respeto y protección (art.3), y a pesar de los evidentes vínculos culturales entre Catalunya y Valencia, las fuerzas políticas mayoritarias se dedicaron desde los inicios de la etapa democrática a medrar y a viciar la relación entre catalanes y valencianos confundiendo de forma interesada pancatalanismo con imperialismo catalán, hasta el punto que hablar de países catalanes, algo tan inofensivo como hablar de países iberoamericanos, hispanoamericanos o de habla hispana, viene a ser hoy lo mismo que hablar de la internacional comunista en la España franquista. El origen de este despropósito, además de la sedimentación del ideario fascista en tierras valencianas durante 40 años de dictadura, se encuentra en el temor a que el poder político de la España democrática que estaba por llegar se desplazara hacia el levante peninsular, donde ya se encontraba y se encuentra el poder económico del país. Este temor puede verse todavía hoy en las trabas a la construcción del corredor ferroviario del mediterráneo o en la conexión ferroviaria actual entre Valencia y Barcelona, con un tramo de unos 30 km de vía única.

Durante el debate de la organización territorial del Estado que tuvo lugar en la transición se alimentaron conflictos y discusiones absurdas entorno a la denominación y a los símbolos valencianos: se desdeñó el nombre de País Valenciano -presente en el preámbulo del primer Estatuto- por su posible vinculación a los países catalanes, se impuso la bandera de la ciudad de Valencia –senyera con franja azul- a toda la comunidad para dejar a un lado la senyera de la Corona de Aragón que compartían con los catalanes y se empezó a fomentar el secesionismo lingüístico entre catalán y valenciano desde el localismo más cerril y analfabeto.

Del mismo modo que en Catalunya se habían aceptado las normas gramaticales y ortográficas de Pompeu Fabra antes de la dictadura franquista, en Valencia se había llegado a un consenso similar para el valenciano, la variante dialectal del catalán, con las denominadas Normas de Castellón de 1932, aceptadas por agrupaciones y asociaciones de muy distinto signo, entre ellas Lo Rat Penat y La Real Academia de la Lengua Valenciana. Después del periplo fascista, estas dos entidades pasaron a defender el secesionismo lingüístico con las Normas del Puig, unas normas lingüísticas sacadas de la manga basadas en la transcripción fonética del habla valenciana con el único fin de diferenciarse del catalán. Algo tan absurdo como lo sería tratar de hacer lo mismo con el habla de los andaluces.

Todo esto fue defendido por la formación política blavera y anticatalana Unió Valenciana y la ultraderecha y utilizado por UCD y AP/PP sin el menor reparo. Hasta el punto que el PP acabaría absorbiendo a los principales cuadros políticos de la formación Unió Valenciana y seguiría recurriendo periódicamente al discurso anticatalán por meros intereses electorales. Una muestra de esto es toda la polémica que se desató en la primera década del siglo XXI con motivo de la traducción a las distintas lenguas españolas de lo que tenía que haber sido la Constitución Europea. El PP valenciano defendió que su ejemplar fuera traducido al valenciano y no al catalán, como si fuera una lengua distinta y ello en contra del criterio de la propia Academia Valenciana de la Lengua (AVL) –creada durante el mandato de Zaplana- y presionando a sus miembros de un modo totalmente caciquil. La motivación de la polémica no fue otra que los intereses de partido del PP en toda España, en la oposición, durante las negociaciones del Estatuto catalán. Durante la polémica, que llegó a enfrentar a los ejecutivos valenciano y catalán por la falta de pericia de los miembros del tripartito, Pujol intercedió criticando la manera de proceder de los políticos catalanes por no hacer las cosas de forma pactada y desde la discreción como hizo él cuando pacto con Zaplana la creación de la AVL, en un momento en que el PP de Aznar estaba en minoría en el Congreso y necesitaba de su apoyo. Este hecho, desconocido para la opinión pública, aún calento más los ánimos de quienes solo veían a los catalanes como unos entrometidos.

Y en todo esto los españoles fueron meros espectadores como si el asunto no fuera con ellos. Que bueno que la RAE colabore con las academias de América Latina y que el castellano nos permita comunicarnos “nada más y nada menos que con toda América Latina”, como diría Fernando Savater, pero al catalán que le den. Que se produzcan secesionismos lingüísticos dentro de un mismo Estado y que sean fomentados por los abanderados de la unidad del país probablemente sea algo que solo esté al alcance de Espàña.

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