Dos caras de la misma moneda: el sistema internacional y la soberanía de Catalunya, 1714-2014

por Administrador

Transcripción de la conferencia de Carles Boix con motivo de la diada del 11 de septiembre de 2013, en el Saló de Cent de Ayuntamiento de Barcelona.

Una ciudad fiel

La ciudad de Barcelona y su gobierno siempre han sido fieles a Cataluña y a su causa. En 1640, justo después de los hechos del Corpus de Sangre, el Consell de Cent de Barcelona dirigió una «Proclamación Católica a Felipe el Grande, Felipe IV, rey de las Españas y emperador de las Indias, en defensa de las instituciones políticas y del autogobierno de Cataluña».

En aquella proclama, escrita por el fraile agustino Gaspar de Sala y Berart, nacido en Aragón, el Consell de Cent recordaba al monarca español que las constituciones de Cataluña le obligaban en conciencia y que su «rotura sería pecado mortal», porque, añadía, «no le es lícito al monarca contravenir el contrato: (este) libremente se hace, pero ilícitamente se revoca: aunque no estuviera sujeto a las leyes, lo está en la (ley) de la razón. Y aunque (el monarca) es señor de leyes, no lo es de los contratos que hace con sus vasallos, porque en este acto es persona particular, y el vasallo adquiere igual derecho, porque el pacto debe ser entre iguales. Y así como el vasallo no puede lícitamente faltar a la fidelidad de su señor, ni éste tampoco lo que prometió en pacto solemne, con menos razón se puede presumir la rotura por parte del príncipe. Si la palabra real debe tener fuerza de ley, más firmeza pide la que se da en pacto solemne».

«Últimamente», añadía la Proclamación, «pueden tanto las representaciones continuas de los que rechazan con odio interminable a los catalanes que [ … ] proponen a SM [ … ] la opresión del Principado, viniendo con ejército, para entregarlo sin límites al arbitrio de soldados de saqueo y pillaje universal». Y ante esto , advertía el Consell de Cent, «el Principado está puesto universalmente en armas para defender la hacienda, la vida, el honor, la libertad  la patria, las leyes y, sobre todo, los templos santos, las imágenes y el Santísimo Sacramento del altar, que sea para siempre bendito, que en casos similares los sagrados teólogos sienten, no sólo como lícita la defensa, sino también la ofensa» contra el atacante.

Aquella Proclamación y su llamada al contrato, a la razón y a la justicia por encima de la fuerza y de la soberanía de la ley formal y de la fuerza indignó, lógicamente, a la Corte española, sus ministros y su interminable hilera de aduladores, criados y bufones. La pluma más importante del momento, Quevedo, no pudo resistirlo y su obrita ‘No por el fuero, sino por el güevo’ tildó a los «Diputados, concellers, los cien concellers», es decir, a vuestros antecesores, de sátrapas y a los catalanes en general de «aborto monstruoso de la política». Hay que reconocer que en aquella época, en la que no había ni prensa digital ni Twitter, las manifestaciones de odio y de desprecio eran más elegantes, finas y eruditas. Hoy en día las cosas han decaído mucho y la gente no sabe hacer otra cosa que recurrir al exabrupto cuartelero.

La Proclamación de 1640 no fue una excepción histórica. Los representantes de esta ciudad -el Consell de Cent, hasta su supresión con los decretos de Nueva Planta, y el Ayuntamiento después- han sido siempre al frente de la defensa de las instituciones y del autogobierno de Cataluña. En el siglo XV, con el consejero Joan Fiveller. En el siglo XVIII, hace justamente 299 años, bajo el liderazgo de Rafael Casanova. En el siglo XIX , repetidas veces , casi inmediatamente después de la muerte de Fernando VII y de la caída del régimen absolutista, como, por ejemplo, en la proclama del 17 de noviembre de 1842, en que la Junta Directiva de Barcelona proponía la independencia de Cataluña y la unión con las otras provincias y pueblos de España. Y en el siglo XX, desde la entrada del catalanismo en el Ayuntamiento en 1901 hasta las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.

Barcelona siempre ha pagado bien cara esa fidelidad a las libertades catalanas. La derrota de 1714 supuso la destrucción física de una tercera parte de la ciudad, la abolición de las instituciones de gobierno municipal y, entre otras muchas cosas, la obligación de escuchar con actitud de recogimiento las campanas tocando cada día a las dos de la tarde en honor al rey de España. Dos semanas después de la proclama de 1842, el 3 de diciembre, el ejército español bombardeó la ciudad durante doce horas seguidas desde Montjuïc: un bombardeo del todo innecesario porque unos días antes una comisión de los prohombres de la ciudad, encabezada por el obispo de Barcelona, ya se había rendido formalmente al general Espartero. Y el autonomismo del primer tercio del siglo pasado fue destruido por la violencia de la Guerra Civil y la iniquidad de la dictadura franquista. La idea de la revuelta ciudadana seguida del «castigo ejemplar» ha sido siempre una constante de la relación entre Barcelona y España

La revolución militar moderna

La respuesta catalana de 1640, separatista, nació, como es tristemente habitual entre nosotros, de la exasperación. Catorce años antes una España psicológicamente aún prepotente pero, de hecho, materialmente exhausta había decidido imponer exacciones fiscales y militares de manera unilateral a través de una «Unión de Armas». Esta solución implicaba la destrucción del sistema constitucional peninsular, hasta entonces basado en el contrato entre iguales sellado por el matrimonio de los Reyes Católicos, y el desmantelamiento del autogobierno de Cataluña.

Las Cortes catalanas se resistieron, como también lo habían hecho el Parlamento inglés y los Estados Generales holandeses esos mismos años. Primero pacíficamente, con apelaciones a la legalidad, desestimadas por los órganos de gobierno de la Corona española, seguidas de declaraciones parlamentarias dirigidas a reafirmar su soberanía política. Y, finalmente, desbordadas por la presión española por un lado y la agitación popular catalana de la otra, levantándose en armas.

En Inglaterra y los Países Bajos aquellas revueltas, iniciadas por defender un constitucionalismo político de raíz medieval, triunfaron hasta iniciar un ciclo político que desembocaría en el liberalismo democrático contemporáneo. En Cataluña, en cambio, aquel intento de afirmación parlamentaria y de separación política sólo tuvo éxito parcialmente. La reconciliación de los catalanes con Felipe IV unos diez años después permitió mantener las constituciones del país. Pero Cataluña perdió una parte de su territorio en el Tratado de los Pirineos y sus instituciones políticas pasaron a ser intervenidas cada vez más intensamente.

El fracaso, si se quiere parcial, de la revuelta de 1640 se debía a dos causas estructurales profundas: la revolución militar que había comenzado a finales del siglo XV y la caída de Constantinopla en 1453. Aunque las primeras representaciones gráficas de armas de fuego en Europa se remontan al año 1326, el cañón como instrumento de guerra no apareció hasta mediados del siglo XV, cuando Francia lo usó para destruir docenas de castillos ingleses y reconquistar Normandía en apenas un año. Un cuarto de siglo después, ingenieros franceses y flamencos lograron reducir los cañones a un tercio de su tamaño y peso iniciales manteniendo su potencia artillera, introdujeron las balas de hierro y mejoraron el sistema de ignición y explosión de la pólvora.

La primera víctima de aquella revolución militar fue la península italiana. El ejército francés, ahora dotado con unidades de artillería móviles, invadió Italia en el verano de 1494 sin encontrar demasiada resistencia. La Florencia de los Medici se rindió inmediatamente. Nápoles cayó en manos del rey de Francia en un solo día. Carlos VIII ocupó la joya de la corona, Roma, el 22 de febrero de 1495. La única solución para sobrevivir ante los franceses y, más adelante, los españoles habría sido la unificación de las ciudades y los principados italianos bajo una sola bandera y un solo estado. En El príncipe, publicado hace exactamente 500 años, Niccolò Machiavelli apostó por César Borgia, un bastardo hijo de papa valenciano, como el hombre posiblemente más apropiado para salvar Italia. Los sueños de Maquiavelo no se realizaron, sin embargo, y la Italia o Italias del Renacimiento dieron paso a una Italia convertida en un conjunto de protectorados, gobernados por elites provincianas, desprovistas de toda energía política, dependientes de los hilos movidos desde Madrid, París y Viena.

Si en Italia la unidad no fue posible hasta 1870, en la Península Ibérica ya se había producido poco después de nacer Maquiavelo con la unión de la Corona de Aragón con la Corona de Castilla -fundamentalmente para responder al reto francés y para recuperar un Roussillon perdido pocos años antes. Aquella unión de iguales duró un siglo y medio. Pero cuando la monarquía española se volvió en contra de la independencia catalanoaragonesa, a Cataluña le tocó sufrir el mismo fin que Italia. Si el Imperio bizantino no hubiera caído y si las rutas comerciales hacia China no hubieran desaparecido, quizá Cataluña habría tenido suficiente capacidad fiscal y fuerza militar para resistir a la presión de Castilla. Como lo hizo Holanda, en plena expansión económica gracias al comercio atlántico.

Por el contrario, pequeña, débil y sin ningún aliado entre los antiguos miembros de la confederación catalanoaragonesa, la proclamación de la República catalana del enero de 1641 duró poquísimo. Mientras Richelieu aún recibía a los embajadores catalanes en París como representantes de «una república independiente y soberana (…) como Génova» , en Barcelona el mismo Pau Claris reconocía el 23 de enero ante la Junta de Brazos que «habiendo conferido con algunas personas de confianza el modo de la protección y forma de la república, se han considerado gravísimos inconvenientes, no sólo por los gastos que se ofrecerían para la defensa y conservación de aquella pero aún en la disposición del gobierno» . De república, Cataluña pasó a protectorado francés y, finalmente, otra vez a territorio español.

Las clases dirigentes catalanas sacaron dos lecciones evidentes. Primero, que Cataluña se había convertido en un estado menor en un orden internacional determinado por la fuerza del cañón y los grandes ejércitos continentales. Segundo, que, si se quería conservar o incluso ampliar la soberanía política del Principado, esto sólo era factible en situaciones excepcionales y a caballo de las luchas entre las grandes potencias europeas.

Efectivamente, cuando estalló la Guerra de Sucesión, la opinión pública catalana, que la guerra de 1640 había hecho muy prudente, varió de acuerdo con la correlación de fuerzas internacional. Durante la primera parte de la guerra, las instituciones catalanas aceptaron Felipe V como rey y fueron premiadas con algunas concesiones ventajosas en las Cortes de 1701. La política belicosa del virrey Velasco (nombrado a principios de 1704) contra las instituciones del país no modificó la tónica de prudencia política de los catalanes, al menos en la capital. De hecho, Barcelona no cambió de bando hasta los últimos días o quizás horas antes de la entrada de las tropas del candidato austracista en octubre de 1705.

Algunos o quizás muchos historiadores han querido ver en el partido austracista el primer intento o el primer ejemplo del intervencionismo catalán en España. Es verdad que los textos austriacistas escritos desde el exilio entre 1734 y 1741, y en particular la obra de Juan Amor de Soria, defendieron la universalización del sistema constitucional catalán en toda España. Es cierto también que el 11 de septiembre de 1714 la Junta de Brazos animó a los barceloneses a luchar «por la libertad de la patria, y la de toda España» .

Pero ver un auténtico programa de regeneración política y económica para España es, en mi opinión, una exageración. Como ya escribí en otro lugar, «en el momento del conflicto de 1705-1714, las clases dirigentes catalanas no actuaron nunca como posibles Bismarcks de vanguardia. Las metas que se impusieron fueron puramente soberanistas: la reducción del peso del rey en las insaculaciones, el restablecimiento del tribunal de contrafacciones, e incluso la ampliación del número de villas representadas, eso sí, acompañadas de algunas concesiones económicas dirigidas a abrir los mercados peninsular y americano. La reforma del régimen constitucional español y la formación de una clase decidida a gobernar Madrid no se encuentran en ninguna parte». Las llamadas a la libertad de España se hacían en busca de aliados peninsulares. Interpretar esto y, por tanto, el austriacismo como una especie de intervencionismo avanzado es proyectar al pasado las manías y fracasos del catalanismo del siglo XX .

Un Estado, un mercado

En plena revuelta catalana, el año 1648, las grandes potencias europeas firmaron la paz en Westfalia, en las ciudades de Osnabrück y Münster , para poner el punto final a la guerra de los Treinta Años. Los tres tratados de Westfalia acabaron con la preeminencia política y jurídica del Sacro Imperio Germánico sobre los principados, reinos y ciudades que lo componían y reconocieron, en cambio, la soberanía exclusiva de cada una de estas unidades políticas sobre su respectivo territorio.

Con Westfalia moría, por tanto, el concepto medieval de soberanías compartidas. Y con Westfalia nacía el estado moderno: el estado como soberano absoluto sobre su territorio y su población en todos los ámbitos, desde la legislación política y moral hasta la regulación económica. El estado se convertía en el último referente o árbitro de lo que era permisible dentro de sus fronteras. Y, por tanto, los estados se comprometieron a no intervenir en los asuntos internos de otro estado. Esta solución jurídico-política simplemente extendía, ahora en todo el ámbito de la acción estatal, la fórmula «cuius regio, eius religio» introducida por primera vez en la paz de Augsburgo de 1555 y según la cual cada príncipe alemán tenía derecho a practicar e imponer su confesión religiosa a su principado.

Pronto, aquel estado moderno, nacido de la revolución militar de los siglos XVI y XVII, plenamente soberano, comenzó a forjar, a modelar, a menudo a golpes de martillo, la sociedad que gobernaba: imponiendo un solo derecho, construyendo una red uniforme de gobernadores provinciales y empleados públicos, estableciendo una sola policía, decretando un único sistema de medidas y de monedas, eligiendo una sola lengua de comunicación, unificando el sistema de aranceles favorable a las empresas nacionales y, en definitiva, creando un solo mercado. Aquel programa de intervención estatal, de «modernización» , de cambio social y de unificación territorial desde el centro lo hicieron o intentaron hacer todos los regímenes, autoritarios o democráticos, por igual : Federico de Prusia y Catalina de Rusia, la Francia revolucionaria y la España liberal. Y es que para sobrevivir en una Europa en estado de guerra constante, había que tener detrás un estado fuerte y movilizado .

El siglo XIX fue el punto álgido del estado unificado y del mercado nacional. Incluso después de la decisión británica de abrir su mercado a productos extranjeros y de la negociación a través de tratados bilaterales en la década de los sesenta de un sistema de libre comercio a nivel continental, las economías europeas continuaron poco integradas. En 1870, por ejemplo, las exportaciones representaban solamente un 2,8% , un 3,3% y un 3,4 % del producto interior de los Estados Unidos, Italia y Francia, respectivamente, una cantidad irrisoria cuando la comparamos con los flujos comerciales de hoy en día. El país más abierto del mundo, Holanda, tenía ese mismo año unas exportaciones equivalentes al 14% de su producto interior bruto.

En ese contexto de economías prácticamente cerradas, una mayor dimensión de los estados implicaba notables ventajas económicas. Un mercado interno más grande generaba una mayor demanda por los productos de la región insertada en ese espacio económico y, por razones de economías de escala, incrementando la productividad económica y, por tanto, la riqueza y el bienestar social .

La combinación de nuevas tecnologías militares y la lógica de los mercados nacionales convirtió una Europa fragmentada en cientos de señoríos, principados y ciudades-estado a finales del siglo XV en un continente con sólo tres docenas de estados independientes después del Congreso de Viena, en el año 1815. Aquella tendencia se aceleró a lo largo del siglo XIX. Hacia 1820 había todavía 1.800 aduanas en Alemania: «los alemanes», escribió un viajero francés de la época, «comercian como prisioneros tras los barrotes de la cárcel». En 1834 se creó el Zollverein, por encima de los intentos de cada estado y ciudad alemanes de preservar su independencia política, por razones puramente materiales. La unificación política de Alemania y de Italia en 1870 culminó aquel proceso. A finales del siglo XIX había en Europa una quincena de países independientes.

Catalanismos

Tradicionalmente, aunque con algunas excepciones importantes, los historiadores catalanes han fechado el nacimiento del catalanismo a finales del siglo XIX, una vez había madurado la Renaixença cultural y los sueños y las manías de unos cuantos poetas e historiadores se habían extendido a la sociedad civil y, sobre todo, a la sociedad política del país -particularmente a caballo de la crisis del 98. En realidad, sin embargo, los primeros intentos o signos de defensa de las instituciones y la identidad de Cataluña -quizás difusos , probablemente cojos en profundidad estratégica, sin duda carentes de estructuras organizativas permanentes- se pueden encontrar en la década de 1830 , justo después de la muerte de Fernando VII, que fue el equivalente español de Assad en Siria y de Mobutu en el Zaire.

Estos primeros intentos «catalanistas» aparecieron, ya desde el principio, marcados por dos particularidades importantes. La primera, que examinaré a continuación, es que todos aquellos intentos tuvieron -como ha sido de hecho toda la historia del catalanismo político- una orientación muy diversa y mostraron una gran pluralidad ideológica, desde la derecha más reaccionaria hasta la izquierda revolucionaria. La segunda característica es que todos los intelectuales y políticos que los promovieron eran perfectamente conscientes del entorno donde se movían y de las constricciones políticas que aquel entorno imponía: por un lado, el peso militar del Estado español y un marco internacional basado en el concierto de naciones y el equilibrio de poder, por otra, la importancia económica del mercado peninsular, sobre todo después de la pérdida de la mayor parte de las colonias americanas .

Los catalanes del XIX sabían perfectamente que la revolución militar iniciada en el siglo XV hacía políticamente imposible la soberanía de un país tan escaso como Cataluña y que la creación de mercados nacionales, unificados de cara adentro y poco conectados con el exterior, la hacían económicamente inviable. Como es imposible incluir en este discurso toda la historia del catalanismo político, permitirme que me concentre en la política barcelonesa de los primeros diez años del reinado de Isabel II, desde 1833 hasta 1843. Como todos sabemos, la muerte de Fernando VII abrió una guerra sucesoria entre los liberales, partidarios de Isabel, y los reaccionarios, favorables a Carlos, hermano de Fernando y tío de Isabel. España era entonces un país subdesarrollado, con una renta per cápita similar a la del Afganistán contemporáneo. El ejército, como el Egipto de hoy en día, hacía de árbitro político, mediante «pronunciamientos» y golpes de estado.

Cataluña se encontraba dividida entre montaña y costa y Barcelona y las villas de alrededor, donde las bullangas y las revueltas eran constantes entre moderados, progresistas y republicanos. En aquella situación de guerra civil y de anarquía política, el Estado español -de hecho, el concepto mismo de nación española- estaba en construcción. Lo estaba en dos sentidos: en la posibilidad de establecer un régimen constitucional moderno, y en su estructura territorial y el posible acomodo de Cataluña en España. En el primer sentido, la instauración de un estado liberal constituía, como testimonian escritos como los de Jaume Balmes sobre la revuelta de 1842, una aspiración universal de todas las clases y partidos de esta sociedad: burgueses y trabajadores; moderados, progresistas y republicanos . En el segundo sentido, latía, aunque no completamente articulada, una identidad colectiva diferenciada y un sentimiento político particular .

Los signos de la existencia de aquella realidad «protocatalanista» son indiscutibles. En 1832, un año antes de morir Fernando VII, un tal Ramón Xaudaró elaboró un proyecto republicano basado en «una federación [de pueblos] dentro de una única nación española». Cinco años después, en mayo de 1837, este mismo Xaudaró encabezó una revuelta progresista que se hizo con el control, muy breve, de la plaza de Sant Jaume. Una vez fracasada, Xaudaró fue detenido, fusilado y completamente olvidado: que yo sepa, este Ayuntamiento aún no le ha dedicado ninguna calle. En 1836 se difundió por la ciudad el panfleto «La Bandera» pidiendo la «independencia» de Cataluña. Su impacto fue considerable y la Comisión de Fábricas, la bisabuela del Fomento actual, hizo imprimir una proclama advirtiendo a los trabajadores barceloneses de que la independencia supondría la pérdida del mercado español.

La amenaza de “La Bandera” debía ser real porque, a pesar de las advertencias empresariales, el 1 de enero de 1837 se produjo un motín en la ciudad donde los amotinados hacían suyos los postulados de “La Bandera”. La revuelta sólo se terminó con la imposición de la ley marcial en Barcelona por parte del barón de Meer, lugarteniente del último capitán general bajo Fernando VII, el infame conde de España .

Por supuesto, ese estado de excepción no extinguió las demandas políticas del país. Cuatro años y medio después, durante la revuelta de noviembre de 1842 que provocó el bombardeo de Barcelona al que he hecho alusión al comienzo de la conferencia, los barceloneses lucharon contra el ejército al grito de «Muerte a los castellanos». Exasperado con Espartero y preocupado por la popularidad de los rebeldes, Jaume Balmes, que sí tiene una calle muy larga en Barcelona, invirtió buena parte de la primavera de 1843 en condenar lo que él mismo tachó de «absurdos proyectos de independencia, injustos en si mismos, irrealizables por la situación europea, insubsistentes por la propia razón, e infructuosos además y dañosos en sus resultados» .

Ahora bien, como con una mera condena no basta para convencer a nadie, Balmes decidió escribir cuatro largos ensayos, contenidos dentro de la llamada serie «Barcelona», para negar explícitamente que la distancia política entre Cataluña y España tuviera nada que ver con un problema de identidad arraigado en las luchas de 1640 y 1714 y para afirmar, en cambio, que todo aquel conflicto se explicaba por el ritmo diferenciado en el proceso de industrialización y modernización económica de cada territorio. No nos puede sorprender nada que el mismo Fraga Iribarne, que hizo la conferencia balmesiana de 1955, declarara que Balmes había sido el primer sociólogo español. En esto, en su teoría sobre Cataluña como primera región moderna de España, Balmes fue un Pierre Vilar avant la lettre. Con una diferencia, Balmes, más profundo o quizás simplemente más osado, fue más allá y se planteó por qué Cataluña fue la primera en hacer la revolución industrial. Su explicación fue tajante y esencialmente cultural: si Cataluña era más rica era porque sus habitantes tenían unos valores de austeridad, ahorro y trabajo ausentes en el resto del Estado.

Los objetivos políticos de Jaume Balmes, que siempre se consideró a sí mismo un patriota español, fueron, en todo momento, la pacificación de España como condición de posibilidad de crecimiento económico, el mantenimiento del mercado peninsular y la protección y florecimiento de la industria catalana. No obstante, esto no lo convirtió nunca en un político centralista. Confrontado con la cuestión catalana, por lo que vemos fuerza viva en la calle, Balmes aceptó la necesidad de una solución que pudiera poner freno a cualquier veleidad independentista o federalista. Balmes recomendó, esa misma primavera de 1843, la introducción de «un cierta provincialismo legítimo, prudente, juicioso, conciliable con los grandes intereses de la nación» .

Aquel provincialismo, que no implicaba en ningún momento el restablecimiento de la soberanía perdida en 1714, era tierno y poco preciso. Pero no preveía la pérdida de la identidad catalana y la fusión con España en los términos deseados por las clases dirigentes españolas. Como el mismo Balmes escribió en 1846, «llevar a España la centralización francesa es un error inexcusable en hombres que deberían conocer lo que es España». Dos años antes, en el proyecto de gobierno que redactó para el marqués de Viluma, la gran esperanza blanca del partido monárquico, Balmes se mostró contrario a la división provincial de Javier de Burgos y favorable a «dejar a los catalanes que se hagan sus soldados como lo hacían en tiempos de los reyes absolutos y conceder a las otras provincias toda la libertad que reclamen sus costumbres y sea compatible con el buen servicio».

Balmes precedió tanto a la Renaixença cultural como a la política. Pero, históricamente, por talante y propuestas, se nos aparece casi como el fundador, si se quiere inconscientemente, del regionalismo catalanista que dominó entre las derechas catalanas poco después de su muerte. En el programa balmesiano, Cataluña tenía una identidad propia, España era una realidad inevitable y la solución política pasaba por una alianza de conveniencia de los elementos dinámicos de Cataluña con los segmentos más pragmáticos de las clases dirigentes del Estado.

Con todas las variaciones que se quiera, y con un mayor grado de maduración intelectual y estratégica, estas ideas volvieron a aparecer en el programa de los elementos industriales del país que impulsaron una coalición unitaria de moderados y progresistas en 1850 para terminar con el estado de sitio de Cataluña y con la incompetencia del gobierno central, en el ideario regionalista de Duran y Bas en el folleto Catalanismo no es provincialismo , los escritos de Illas y Vidal en Cataluña en España , y sobre todo en las propuestas de Mañé y Flaquer en un conjunto de artículos en el Messager du Midi en la década de los cincuenta .

Como escribió el director del Brusi , el gran diario de la burguesía barcelonesa del XIX, en El regionalismo, un opúsculo que era, según sus palabras, «el resumen de lo mucho que llevo escrito sobre una materia que ha sido objeto predilecto de mis estudios y meditaciones durante muchos años», la soberanía completa era imposible: «No hay persona reflexiva que no comprenda que Cataluña no podía conservar su independencia, colocada entre dos poderosas naciones, y en un extremo de Europa». Pero, incluso en el estrecho marco de la realpolitik, la autonomía era irrenunciable. Como Cataluña entró a formar parte de España «con iguales Derechos que Castilla», ésta debía seguir siendo «Nuestra situación jurídica respecto a Castilla». Cualquier otro estado, como el que de hecho existía entonces, implicaba una situación de «iniquidad e injusticia».

Mañé y Flaquer terminó siendo rechazado por moderado por la generación de 1901. Pero sus posiciones eran, dentro del contexto del estado liberal de la época y de su ideología conservadora y iusprivatista, más ambiciosas de lo que se le reconoce normalmente: la oficialidad del catalán en la escuela y en la administración pública (básicamente de justicia, la única rama desarrollada en el estado liberal), el mantenimiento del derecho privado catalán y, por tanto, de la mayor parte del derecho, dada la ausencia de un derecho administrativo de peso; e instituciones políticas propias (de tipo corporativo) para resistir el ahogo del estado central.

El protoprovincialismo de Balmes tenía por objeto contentar a la burguesía barcelonesa y, sobre todo, neutralizar una fuerza quizás más poderosa en la calle. El 15 de noviembre de 1842, los partidos progresista y republicano de Barcelona fueron capaces de expulsar al ejército español con la ayuda de la población, como explica el capitán general Van Halen en su famoso Diálogo Razonado, un librito escrito para justificar el bombardeo de la ciudad rebelde. Dos días después, el 17 de noviembre, la Junta Directiva de la ciudad aprobaba una proclama que, a su segunda base, pedía la independencia de Cataluña dentro de la unión de las provincias y pueblos de España. La comparación con el Macià de 1931 y el Companys de 1934 parece superflua.

Como Balmes, los dirigentes de la revuelta, menestrales y comerciantes – la proporción de pasteleros y panaderos en la Junta Directiva era notable-, precedieron la llamada Renaixença cultural y política de Cataluña. Pero, históricamente, por talante y propuestas, se nos aparecen como los fundadores, si se quiere inconscientemente, del federalismo republicano y catalanista dominante entre las izquierdas catalanas desde mediados del siglo XIX hasta hace muy poco. Para la Junta Directiva de 1842, Cataluña también tenía una identidad propia y España era una realidad inevitable. Pero, en este caso, la solución política pasaba por una alianza de las clases medias y bajas catalanas con las fuerzas más progresistas de la Península con el objetivo de reconstruir el Estado de los pies a la cabeza.

Su proximidad con el federalismo ampurdanés y con la obra teórica de Pi i Margall es innegable. Veintisiete años después de aquella proclama, en las primeras elecciones realizadas por sufragio universal, en 1869, los federales vencieron en Barcelona ciudad y en Girona. La proclamación de la República en 1873 abrió las puertas, aunque por un período muy breve, a la entronización de un proyecto federal dirigido por Cataluña.

Tanto el regionalismo conservador como el federalismo progresista de mediados del siglo XIX fracasaron. Cataluña fue incapaz de organizar España a su medida. A Delgado lo asesinaron en 1870. Los republicanos catalanes perdieron el control del Estado un año después de proclamarse la Primera República. La Restauración consiguió cumplir el programa de pacificación de España imaginado por Balmes, pero sin otra concesión a Cataluña que el respeto de una parte de su derecho privado.

Una vez perdido el envite de construir España desde Barcelona, nació el catalanismo político, hecho de partidos políticos modernos, de masas y estrictamente catalanes, tal como lo hemos vivido hasta ahora. La Liga, la Izquierda y todos sus herederos, variantes y sucedáneos de los últimos cuarenta años. La generación de 1901, la de Cambó y Prat de la Riba, siempre ha sido interpretada como la creadora de una nueva manera de hacer política catalana en España .

Sin embargo, sus estrategias no hicieron más que seguir el modelo de los políticos decimonónicos que los precedieron. Constreñidos por el estado westfaliano y obsesionados por el mercado peninsular, que era esencial tanto para los empresarios como para los trabajadores, la derecha y la izquierda del siglo XX defendieron lo mismo: regenerar España para conseguir un trocito satisfactorio de autonomía. El gran punto de contención fue, como siempre, el tipo de Estado español y la elección de los aliados en el otro lado del Ebro.

La derecha catalana cultivó el Madrid oficial supuestamente más flexible o accesible: Polavieja primero; Maura después, el mismo Alfonso XIII en el otoño de 1918. La izquierda catalana, por su parte, se unió al republicanismo y socialismo españoles: de la Asamblea de Parlamentarios de 1917 en el Pacto de San Sebastián de 1931 y el Frente Popular de 1936 . Naturalmente, si el Estado español hubiera sido una democracia, al catalanismo no le habría hecho falta presentarse como un regeneracionismo. Y si Europa hubiera sido un mercado económico unificado y hubiera gobernado en todo momento por los principios wilsonianos de 1917, el catalanismo habría abrazado una estrategia política diferente o tal vez ni siquiera habría existido.

Immanuel Kant y Adam Smith

Tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, la Europa y el mundo de 1714, de 1840, de 1939 y hasta de 1989 han dejado de existir. Y, si ahora, a comienzos del siglo XXI, aquel mundo ya no existe, el catalanismo de hoy no puede ser el que practicaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Consideremos primero los hechos. Como ya he comentado antes, como reacción a la espiral de violencia de los siglos XVI y XVII, los tratados de Westfalia y de Utrecht establecieron el principio de soberanía exclusiva de los estados y formalizaron un sistema de equilibrio de poder y de cooperación, informal, entre las grandes potencias, que, salvo la ola revolucionaria de finales del XVIII y comienzos del XIX, pacificó Europa durante dos siglos.

Fue precisamente en el momento álgido de aquel sistema en que Immanuel Kant imaginó, en 1795, la posibilidad de un orden internacional alternativo que pudiera garantizar un mundo en paz fundado no en la amenaza de la guerra y en el equilibrio de fuerzas entre las grandes potencias, sino en la convivencia pacífica de repúblicas constitucionales, organizadas sobre el principio del imperio de la ley dentro de cada país y ligadas por un derecho común a nivel internacional. El programa kantiano desarrollado en La paz perpetua tardó, sin embargo, doscientos años en hacerse realidad, al menos en Europa. La Primera Guerra Mundial transformó una Europa de monarquías con voto censitario en un sistema de estados democráticos con sufragio universal.

La Depresión de 1929, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación soviética de media Europa rompieron primero y retrasaron después la extensión y triunfo de la democracia en todo el continente. Finalmente, Europa se convirtió, de la mano de Estados Unidos y de la Unión Europea, en una «federación de naciones», por utilizar una expresión kantiana. La guerra como medio para resolver nuestros conflictos ha desaparecido del horizonte europeo. El gran estado casi imperial, justificado en el siglo XIX como mecanismo de defensa, ha perdido toda razón de ser. Y la tentación de utilizar el ejército, la violencia y el bombardeo indiscriminado para mantener la paz interna parece una posibilidad remota. Los episodios más recientes de Libia, Siria y Egipto nos retrotraen a un mundo extraño, que definitivamente ya no es el nuestro.

Las consecuencias de la extensión de la democracia en Europa fueron más allá del derecho interno de los Estados. Haciendo suyo el programa kantiano, el presidente estadounidense Woodrow Wilson declaró en su intervención de febrero de 1918 ante el Congreso de Estados Unidos que «las raíces [de la Primera Guerra Mundial] se encuentran en la ausencia de todo respeto por los derechos de las pequeñas naciones y de las nacionalidades carentes de la unidad y de la fuerza que les habrían permitido defender con éxito su capacidad de determinar el objeto final de sus obligaciones y sus formas de vida política». Y añadió: «Hay que respetar todas las aspiraciones nacionales; hoy en día sólo es posible gobernar los pueblos sobre la base de su consentimiento». Esto convertía «la autodeterminación [en] un principio imperativo de la acción política que, a partir de ahora, ningún estadista puede arriesgarse a ignorar». El principio de soberanía exclusiva afirmado en Westfalia pasaba a tener límites: aquellos que determina el principio de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Empujadas por estos principios, todas las naciones debían sentirse obligadas a construir un orden jurídico internacional nuevo, basado en el establecimiento de «pactos [internacionales] que impidan [aquella falta de respeto] en el futuro; pactos apoyados por la fuerza conjunta de todas las naciones que aman la justicia y que quieren mantenerla a toda costa». El respeto a los derechos individuales, el derecho internacional y las instituciones supranacionales se convirtieron, tímidamente primero, con más fuerza después de 1945, en los garantes últimos de la posibilidad de convivir pacíficamente en el mundo, entre estados y dentro de los estados.

La democratización de Europa y la cristalización de un derecho internacional público que disciplina a los estados y les obliga a respetar a sus ciudadanos y a sus minorías nacionales no han sido los dos únicos grandes avances de las últimas décadas. Desde la segunda mitad del siglo XX hemos presenciado la creación de auténticos mercados mundiales. El siglo XIX experimentó una primera globalización. En el año 1913 el comercio mundial equivalía a unos 2.200 millones de libras esterlinas, una cifra cincuenta veces superior, en términos absolutos, a la de 1800 y unas cien veces mayor que la de 1720. Del mismo modo, el crecimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial fue mucho más espectacular. En 1980 el comercio internacional era casi mil veces más intenso que al principio del siglo XVIII. En 1950 el promedio nacional de la suma de exportaciones e importaciones como porcentaje del producto interior bruto, es decir, el grado de apertura comercial de los países, era del 43%. En 1999 se había casi multiplicado por dos hasta el 83%.

En un mundo de libre comercio, es decir, en un mundo globalizado, desaparecen las ventajas económicas de pertenecer a un gran estado. Sin barreras arancelarias, las fronteras políticas tradicionales dejan de tener consecuencias ecomicas. El mundo es el mercado. La demanda, antes limitada a la esfera del estado-nación, ahora se mide a escala mundial, multiplicada por cien. Todas estas fuerzas políticas y económicas -la implosión los imperios centrales, la expansión de la democracia, el proceso de descolonización, la internacionalización económica- se encuentran detrás del espectacular incremento de países soberanos en el mundo: menos de 60 en 1920, unos 110 en 1960 y casi 200 hoy en día. De estos países, más de la mitad tienen una población inferior a Cataluña, casi 60 tienen menos de 2,5 millones de habitantes y 35 menos de medio millón.

Catalunya ahora

La pacificación final de Europa y la globalización económica han coincidido , y no por casualidad, con el actual agotamiento político de Cataluña y, sobre todo, con la transformación del proyecto del catalanismo tal como fue intuido hace ciento ochenta años y como cristalizó en partidos políticos concretos hace cien años. El agotamiento no es nuevo en nuestra historia. La transformación de aquel proyecto político, en cambio, sí lo es.

Cataluña está agotada. Ciertamente, no agotada de sí misma, como lo demuestra la vitalidad de su sociedad civil a la hora de movilizarse, en consultas alegales, manifestaciones, mítines y discusiones, sino agotada por la incapacidad de hacer valer su voz diferenciada en el Estado español.

En todo caso, y como acabo de indicar, este agotamiento no es nuevo. Desde hace 299 años, casi cada generación ha tenido que inventarse una forma de expresar esta voz, la suya. A menudo a través de la mera resistencia, en forma de exilio interior, una cierta ética del trabajo, la creación artística o mediante el activismo clandestino, hasta llegar al exilio físico. Cuando ha sido posible, cuando nos han dejado suficiente espacio, con un intento público de reformar la plaza de toros peninsular. Lamentablemente, cada intento y cada generación han acabado como lo hace siempre Sísifo, con la piedra rodando hacia abajo, antes de poder llevarla hasta la cima deseada, y por tanto, agotada física y psicológicamente.

Albert Hirschman, uno de los grandes intelectuales del siglo XX, fallecido en diciembre pasado, distinguió entre dos posibles respuestas individuales y colectivas ante una solución política injusta: la voz y la salida. Utilizar la voz significa comprometerse al combate político del espacio donde te ha tocado vivir con la esperanza de poder cambiarlo y de hacerlo más adecuado a tus necesidades y a tus sueños. Elegir la salida es simplemente abandonar este espacio para construir uno nuevo.

Utilizar la voz es la única opción cuando la salida es imposible o extremadamente costosa. La estrategia de la voz es lo que ha practicado Cataluña en España desde que Westfalia y el estado-nación vencieron en Europa: explicándose, combatiendo, apostando por la transformación del estado donde le ha tocado vivir. Dado el peso de Cataluña, la naturaleza de España y la estructura del orden internacional hasta finales del siglo XX, cualquier otra alternativa, es decir, la salida, habría sido una locura. En ese contexto, lo sensato era aceptar el lugar donde Cataluña estaba insertada. Ser racional implicaba buscar las reformas posibles en un marco político y territorial que no se podía cambiar.

Ahora bien, a pesar de los espejismos generados por las transiciones democráticas de 1868, 1931 y 1978, esta estrategia, la de la voz, siempre ha acabado fracasando. También ahora. Reflexionemos sobre la situación actual de Cataluña: todas las competencias están intervenidas, el déficit fiscal es galopante, la lengua se encuentra asediada; unos 150.000 catalanes, jóvenes la mayoría, de una gran potencia técnica e intelectual, están fuera de un país incapaz de retenerlos. Si nada hubiera cambiado en Europa, todo ello sólo invitaría al desaliento o, como mucho, a la resistencia. A resistir, encerrados en casa si es necesario, como hacen las tortugas cuando las golpean, hasta que amaina la tormenta.

Pero ahora, por suerte, el marco de siempre ha cambiado. Hay democracia en Europa y vida comercial fuera. Y la voz puede ser perfectamente, y legítimamente, sustituida por la salida. La salida, que antes era pura locura, se ha convertido en el camino más racional. Esto es lo que la calle ya ha intuido y pide y que, finalmente, las élites políticas, vosotros, unos rápidamente, otros con más lentitud de lo que yo y muchos desearíamos, ha empezado a entender. Por eso hablaba antes de una transformación histórica del catalanismo. El catalanismo, esta política del tira y afloja, del pájaro en mano, de poner la mano y la sonrisa amarga, puede finalmente dejar de existir y puede dedicarse, en cambio, a conducir al país a la soberanía que un día perdió.

El mundo ha cambiado. Hay que aceptarlo, hay que aprovecharlo, hay que adaptarse. Por ello, a pesar de las dificultades económicas y políticas, hay en la calle este estado de expectación, de ilusión, de una cierta impaciencia. La ilusión de que la libertad puede volver a ser completa, como querían los barceloneses de 1714 y de todas las generaciones que se han sucedido desde entonces. Decía al comienzo que Barcelona siempre ha sido fiel a Cataluña. Dejadme terminar diciendo que Barcelona no sólo ha sido fiel a Cataluña, sino que Barcelona es absolutamente necesaria para Cataluña. Por eso mismo, el resto del país, y con él muchísimos barceloneses y barcelonesas, os espera y pide que lo lideréis hacia adelante.

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