Los tribunales contra la inmersión obligatoria

por Administrador

En julio de 2010, en su sentencia del Estatut, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional “el uso preferente del catalán” y estableció que el castellano debía ser también lengua vehicular junto al catalán.

“El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña. En la medida en que el concreto régimen jurídico de los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza se regula en el art. 35 EAC remitimos al enjuiciamiento de ese precepto la exposición de las razones que abonen nuestro pronunciamiento sobre la constitucionalidad del modelo lingüístico de la enseñanza establecido en el Estatuto. Pero desde ahora hemos de dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. (STC 31/2010)

Ante esta sentencia no esta de más recordar que hay casos como el de Suiza en el que alemán, francés e italiano son lengua preferente en sus respectivos cantones y oficiales en todo el territorio, sin que se pueda acusar a los suizos de querer romper la unión o de fomentar los nacionalismos francés, alemán o italiano. Negar la posibilidad de que el catalán pueda ser lengua de uso preferente, si así lo quieren los catalanes, es tan absurdo como negar que sea lengua propia de Catalunya.

Cosa distinta es lo que pasa en la educación, donde -siendo generosos- se puede entender que no se admita como lengua vehicular preferente, porque siendo igualmente obligado aprender catalán que castellano, si se llegara a dar una situación en la que el castellano estuviera en situación de debilidad frente al catalán –es mucho suponer- no tendría sentido que la ley siguiera contemplando al catalán como lengua vehicular preferente. Lo que ya no se entiende es que la justicia diga que el castellano tiene que ser también lengua vehicular en lugar de limitarse a decir que también puede serlo (lo mismo que el catalán), si así lo determina la autoridad competente. Sobre todo cuando en la misma sentencia se reconoce que “el legislador puede adoptar medidas” para “corregir” la situación de inferioridad del catalán y esta es la razón por la que se adopta el catalán como lengua vehicular

“La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener. No admitiendo, por tanto, el inciso “y preferente” del art. 6.1 EAC una interpretación conforme con la Constitución, ha de ser declarado inconstitucional y nulo”.  (STC 31/2010)

Antes de la sentencia del TC, en Julio de 2006, tres familias habían acudido a la justicia después de que la Generalitat les negara su petición de que el castellano fuera lengua vehicular en la misma proporción que el catalán. El TSJC desestimó el recurso en 2008 y los padres recurrieron al Supremo. En diciembre de 2010, después de la sentencia del Constitucional, el Supremo aceptó el recurso presentado por los padres e instó a la Generalitat a “adoptar cuantas medidas sean precisas” para adaptarse a la “nueva situación” creada por el TC

En mayo de 2011 una de las familias pidió ejecutar la sentencia y en julio de 2011 la consejería de educación de la Generalitat remitió un escrito con las medidas concluyendo que, por el déficit de conocimiento del catalán, era necesario seguir con el modelo educativo. El mismo mes, el TSJC dio dos meses a Educación para “adaptar su sistema de enseñanza”.

En abril de 2013 el TSJC dictó un auto aclarando que toda un aula quedaría afectada si un alumno pedía más horas en castellano

Y en enero de 2014 el TSJC de Cataluña fijó un 25% de clases en castellano en aquéllas aulas en las que un alumno lo solicitara.

“…la Administración demandada fue requerida por este Tribunal, “para que determine las materias que se impartirán en castellano a…, junto con los demás compañeros de su clase, en la proporción que estime procedente respecto del total de horas semanales” (…) LA SALA ACUERDA: 1) Tener por no cumplimentado debidamente el requerimiento formulado a la Administración demandada (…) 2) Partiendo de la consideración del catalán como centro de gravedad del sistema educativo, (…) fijar la presencia mínima del castellano como lengua vehicular,(…) en un 25 % de las horas efectivamente lectivas” (STSJC)

No hay ninguna ley que diga que el castellano debe ser lengua vehicular, solo una sentencia en base a una mala interpretación de la constitución. Tanto es así que el ministro Wert llegó a decir algo asi como que su ley de educación era necesaria para recoger las sentencias de los tribunales. El mundo al revés. La justicia legisla y el legislador toma nota como un simple escribano. Y además mala nota, porque la sentencia solo hace referencia a los padres de los alumnos cuando habla de la formación moral y religiosa y en ningún momento habla de la posibilidad de elegir por parte de los alumnos.

“La propuesta del ministerio se basa en sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que ponen de manifiesto la necesidad de garantizar el derecho de los alumnos a elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza” (Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación)

Si la justicia reconoce que es la Generalitat la autoridad competente para determinar cual debe ser la presencia del castellano en las aulas, resulta un contrasentido que imponga un porcentaje y sobre todo sorprende que lo haga en base a criterios de oficialidad y no pedagógicos. ¿Se hubiera creado la misma polémica si la lengua vehicular hubiera sido el inglés en lugar del catalán? Quizá sí, pero en ese caso los argumentos que se utilizarían en contra serían solo pedagógicos y no de oficialidad, lo cual demuestra que todo este asunto tiene poco que ver con la educación.

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