Sistema de financiación

por Administrador

Es sabido que en España abrir el debate de la financiación de las CCAA, es abrir la caja de los truenos. Sobre todo porque las demandas de mejora en la fnanciación suele encabezarlas Catalunya y es cosa sabida que el anticatalanismo siempre ha sido un tema recurrente a lo largo de la Historia de España.

“Son los catalanes el ladrón de tres manos”. (Francisco de Quevedo)

Parece que en España no importa que Catalunya tenga más competencias transferidas que el resto y pueda necesitar más financiación. Tampoco que Catalunya este bien o mal financiada –en su día se traspasaron competencias de seguridad, pero no se traspasaron los recursos necesarios para financiarlas- o que las mejoras en la financiación que pueda conseguir Catalunya comporten una mejora en la financiación de las demás CCAA –aumentos del margen de IRPF transferido a las comunidades-. Lo único que importa es solo “¿Si los catalanes lo tienen porque no yo? ¿Es que yo soy menos que ellos?”

De ahí que negociaciones como las que en su día tuvo CIU con los gobiernos de Felipe Gonzalez y Aznar se vean habitualmente como prueba irrefutable del chantaje al Estado de una gente insaciable.

Cuando el tripartito llegó al gobierno de Catalunya, junto a la demanda de un nuevo Estatuto, puso sobre la mesa la necesidad de revisar el sistema de financiación porque, entre otras razones, era un sistema que premiaba a las comunidades menos productivas y penalizaba a las más dinámicas. Porque si se acepta que un sistema igualitario es el que garantiza el acceso a los servicios básicos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos es una perversión que las comunidades que menos aportan al sistema salgan más beneficiadas y no igual de beneficiadas que las que más aportan. Establecer que el primero en aportar al sistema no pierda posiciones en el momento de recibir, es introducir un principio de ordinalidad en el sistema, y es lo único que se planteó desde Catalunya, algo que ni siquiera el PSOE ha aceptado en su propuesta federal de Granada, cuando Catalunya ya se sitúa a las puertas de la independencia.

Aunque la reforma se consiguió en 2009 con el apoyo de todas las comunidades, lo cierto es que solo se corrigió la perversión del sistema para Catalunya, a pesar de que era algo que también perjudicaba a otras comunidades como Valencia, Baleares, Murcia o Madrid.  Y esto fue así, no porque Catalunya timara a las demás CCAA en las negociaciones, sino porque en lugar de velar por la eficiencia del sistema y por los intereses de sus ciudadanos, las comunidades gobernadas por el PP antepusieron sus intereses de partido cargando contra los insaciables nacionalistas. Si a pesar de las criticas hacia Catalunya, estas accedieron finalmente a dar su apoyo a la reforma, fue porque el gobierno central se comprometió a aportar más dinero a la caja común –unos 11.000 millones-, de tal modo que se aumentaron los recursos para todas las comunidades sin corregir el desorden o defecto del sistema.

Las consecuencias de la actitud que mantuvieron entonces los responsables políticos de otras comunidades pueden verse ahora en tiempos de crisis con los enfrentamientos entre los barones populares. Da la sensación que en un principio los presidentes de Valencia, Baleares o Murcia criticaron el sistema con la boca pequeña esperando a que Catalunya liderara las protestas una vez más y les hiciera el trabajo sucio, pero Catalunya renunció a ello y no han tenido más remedio que arremangarse. (*)

La reforma de 2009 supuso una mejora para Catalunya en su primer año de aplicación, pero con la crisis y los incumplimientos del gobierno central, volvió a situarse en la posición que estaba antes de la reforma.

“Cataluña es la tercera comunidad que más recauda pero la décima al recibir. La autonomía pierde siete posiciones y se queda por debajo de la media en recursos fiscales Madrid y Baleares son las dos otras grandes perjudicadas” (El Pais 10/7/2013)

Cabe decir que CIU se desmarcó de esta reforma de la financiación y que apostó por el pacto fiscal, algo que ocupó sus reivindicaciones hasta que Rajoy dio un no por respuesta después de la manifestación de la diada de 2012, de modo que no puede decirse que Mas utilizara la manifestación para chantajear al gobierno, sino que más bien le dio una salida para capear las demandas de independencia.

Por mucho que se hable de la insolidaridad del pacto fiscal propuesto por CIU, lo cierto es que su objetivo no era otro que el de fijar un limite objetivable a la solidaridad y disponer de la llave de la caja de los impuestos –lo mismo que vascos y navarros- para gestionar los ingresos y no solo los gastos –con la asunción de responsabilidades que esto conlleva-, para desprenderse de las arbitrariedades del gobierno central y establecer una relación bilateral con el Estado fuera de las interminables discusiones que se producen dentro de la LOFCA, que lejos de mejorar las relaciones entre comunidades, solo sirven para viciarlas.

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